MANIFIESTO POR LA DEMOCRACIA:

España se encuentra sumida en una crisis nacional, económica y política de tal gravedad que un gobierno, por calamitoso que sea, no puede ser el único responsable. Si así fuera, bastaría aunar esfuerzos políticos para desalojarlo del poder y la crisis desaparecería. Sin embargo, los miembros del gobierno actual acabarán dejando el poder y España, incluso disponiendo de otros gobiernos más racionales, no podrá resolver sus acuciantes problemas sin reformar las instituciones que los han causado. Porque la crisis de la sociedad española hunde sus raíces en causas mucho más profundas que la de tener un gobierno incapaz.

Son las siguientes:

* Desde 1978, un grupo muy minoritario de personas (nacionalistas) ha venido manteniendo en jaque constante al Estado español. Al principio éste disponía de reservas con las que pagar sus envites pero hoy estos grupos ya no pueden arrancar más prebendas sin quebrantar la legalidad vigente. En consecuencia ESPAÑA como sociedad SE DEBILITA exasperadamente.

* Nuestro sistema electoral no permite que el ciudadano esté realmente representado por sus diputados y concejales y que éstos sean verdaderamente responsables ante él. En consecuencia, se ha constituido lo que Mosca llamó una “clase política” que en muchas ocasiones MALGASTA los fondos públicos y realiza acciones EN SU PROVECHO con el convencimiento de que será muy difícil que se le obligue a rendir cuentas por ello a la sociedad.

* Nuestro sistema político también ha permitido que los PARTIDOS INTERFIERAN tanto en la necesaria división de poderes del Estado como en el desarrollo natural de las libertades civiles de la esfera privada. En consecuencia, la clase política NOMBRA a los jueces que habrán de juzgar sus actos, rompiendo el principio básico de imparcialidad y CONTROLA buena parte del sistema financiero, los medios de comunicación y otras instancias pertenecientes a la sociedad civil.

Ante esta situación, si la sociedad española como conjunto no canaliza sus energías hacia la exigencia de una reforma profunda de su sistema político para otorgarse verdadero protagonismo tanto en la toma de decisiones públicas como en el control de sus representantes, se verá abocada a sufrir, sin solución de continuidad, la crisis que padecemos incrementada en la misma medida en que vaya transcurriendo el tiempo e independientemente del gobierno de turno.

Así, quien suscribe se une a la demanda ciudadana para abrir un periodo de libertad constituyente que culmine en la redacción de una nueva constitución de acuerdo a los siguientes puntos fundamentales:

1. Que sea el PUEBLO y no el parlamento el que elija directamente al presidente del gobierno en circunscripción única, y que se limite el número de veces que una persona puede ser elegida para un mismo cargo. Así, ESPAÑA como nación DEJARÁ DE SER CUESTIONADA cada vez que no se alcance una mayoría de gobierno y a su vez regirá el principio fundamental en democracia de SEPARACIÓN DE PODERES.

2. Que se sustituya el sistema electoral proporcional de listas de partido y circunscripciones provinciales por un sistema mayoritario uninominal a doble vuelta, eligiendo, por mandato imperativo, un diputado por cada circunscripción de 100.000 electores. Así, el ELEGIDO será RESPONSABLE ante sus ELECTORES y no ante su partido.

3. Que, con las debidas cautelas, se habiliten instrumentos de PARTICIPACIÓN CIUDADANA implementados a través de las NUEVAS TECNOLOGÍAS. Es decir, que se reduzcan los requisitos para ejercer la iniciativa legislativa popular, que se permita que toda ley, reglamento o acto del gobierno pueda ser sometido a referéndum vinculante por solicitud de una parte de diputados o a requerimiento de la ciudadanía y que se pueda revocar, también a requerimiento de la ciudadanía, el mandato de un representante del pueblo que haya perdido la confianza de éste. De esta manera y aunque delegue la mayoría de asuntos a sus representantes, la CIUDADANÍA bajará a la ARENA POLÍTICA cuando así lo CONSIDERE.

4. Que se garantice la independencia del Poder Judicial, impidiendo que el poder político determine la composición de los órganos judiciales y su presupuesto. Así, el Gobierno y el Parlamento ENCONTRARÁN siempre enfrente a la LEGALIDAD VIGENTE y las consecuencias de no acatarla.

5. Que se garantice, asimismo, la independencia de los medios de comunicación y del sistema financiero mediante la libre creación de medios audiovisuales sin necesidad de concesiones administrativas, el cierre de todas las televisiones y radios públicas, la prohibición de subvenciones públicas a los medios privados y la despolitización total de las cajas de ahorro. Sin tanto poder mediático ni financiero, la BUROCRATIZACIÓN de la política encontrará su JUSTA MEDIDA.

6. Que se facilite la creación de un debate fluido en la esfera social que pueda albergar todas las opiniones y mantenga con fuerza la libertad de expresión y de pensamiento que tanto costó conquistar, estableciendo los mecanismos que hagan que dichas deliberaciones puedan encontrar su destino en el seno de las INSTITUCIONES PÚBLICAS creadas exclusivamente, no lo olvidemos, para satisfacer las NECESIDADES CIUDADANAS.

7. Que se prohíba la financiación pública de partidos políticos, sindicatos y gremios patronales cuyos gastos deberán ser sufragados exclusivamente por sus afiliados. Que se refuercen los mecanismos de democracia interna y de transparencia de sus cuentas. Esta es la única forma de que los PARTIDOS, sindicatos y patronal PERTENEZCAN a sus AFILIADOS y no al Estado que los mantiene.

8. Que se modifique el Estado de las Autonomías, hoy ya incompatible con la igualdad de todos los españoles ante la ley y con la cohesión territorial de España. Diversas competencias autonómicas deben ser devueltas al Estado y a las corporaciones locales y todos estos entes deberán ser responsables fiscalmente. De esta forma se EVITARÁ la INSOLIDARIDAD y el DESPILFARRO.

 

PROGRAMA de ACCIÓN POLÍTICA:

Detalle de los puntos a perseguir en un proceso constituyente

 

A. Periodo Constituyente

Previamente a la formación de la Asamblea Constituyente y durante un periodo de 12 a 18 meses de transición que tendrá como objetivo dar tiempo a la Sociedad Civil a perfilar la base de las futuras instituciones democráticas y a debatir las decisiones políticas; se elegirán y definirán los siguientes conceptos:

1. Delegados provinciales: representantes por los actuales distritos provinciales, los cuales en coordinación permanente, definirán el futuro mapa de los distritos electorales.

2. Distritos electorales: tendrán un censo aproximado de 100.000 habitantes y se constituirán procurando grupos heterogéneos de población, de tal manera que se garantice la representatividad.

3. Candidaturas a los distritos: los aspirantes se darán a conocer a los ciudadanos, manteniendo reuniones con ellos a través de foros vecinales, deportivos, universitarios, etc. Los partidos irán engrasando la maquinaria para la nueva realidad electoral.

 

B. Asamblea Constituyente

Para que los representantes que finalmente compongan la Asamblea Constituyente merezcan tal consideración, se proponen las siguientes condiciones óptimas:

1. Elección libre y directa de los representantes por distritos mayoritarios uninominales, a doble vuelta.

2. Sometimiento de las decisiones tomadas a los necesarios referéndums vinculantes en circunscripción única.

3. Candidaturas abiertas e independientes, tanto de ciudadanos como de representantes de los partidos políticos.

Cualquier otro sistema electoral distinto al propuesto implica el no cumplimiento del principio de representación.

La circunscripción única para la aprobación definitiva, debe evitar que la presencia de territorialidades afecten al conjunto. Finalizado el proceso constituyente la Asamblea se disolverá, quedando definidos en una nueva Constitución los aspectos a continuación.

 

C. Representación de la Sociedad Civil

Para que las instituciones del Estado articulen los mecanismos de representación de la Sociedad Civil de forma que se defienda lo siguiente:

1. Representatividad

2. Igualdad ante la ley

3. Defensa de los derechos individuales del ciudadano frente a los posibles abusos de las mayorías

Se divide el poder en tres ramas independientes con atribuciones distintas y con la misión de que cada una vigile el cumplimiento de la otra en la noble tarea de la representación civil: legislativo, ejecutivo y judicial.

 

D. Independencia de los poderes

1. Legislativo: es el máximo órgano de representación social. Confecciona y aprueba el marco legal. Se elegirá de forma similar a la

Asamblea Constituyente:

1. Elección libre y directa de los representantes por distritos mayoritarios uninominales, a doble vuelta.

2. Sometimiento del representante a la revocación de su cargo, a travésdel mecanismo que se decida.

3. Candidaturas abiertas e independientes, tanto de ciudadanos como de representantes de los partidos políticos.

4. La división por distritos electorales será tal que garantice la representación y la igualdad.

2. Ejecutivo: gobierno y representación internacional dentro del marco legal definido por el legislativo. El Jefe del Ejecutivo y/o el Jefe de Gobierno, deberá ser elegido de forma independiente al Legislativo en distrito mayoritario único uninominal a doble vuelta.

3. Judicial: aplicación y vigilancia del cumplimiento de la ley. Los órganos superiores del Poder Judicial serán elegidos por la parte de la Sociedad Civil perteneciente al mundo jurídico (jueces, abogados colegiados, catedráticos de derecho, oficiales de Juzgado, policía judicial, etc.) en base a criterios de mérito y excelencia.

 

E. Forma de Estado

1. Jefatura del Estado: deberá resolverse de una vez por todas el debate entre la Monarquía y la República, decidiéndose en referéndum libre tras el periodo constituyente. Independientemente del resultado, el Jefe del Estado deberá tener solo aquellos privilegios acordes a la importancia de su función, por lo que esta deberá estar definida y vigilada en su cumplimiento en la medida correspondiente, por el resto de las ramas del poder de la Sociedad Civil.

2. División y organización territorial: partiendo de la integridad territorial del Estado Español, estado centralista, estado federal o cualquiera que sea la solución decidida, no ha de implicar una desigualdad ante la ley de ninguno de sus habitantes, lo que significa que el marco principal de derechos y obligaciones no puede ser modificado desde ninguna otra parte que no sea el conjunto del territorio. Igualmente, la llamada solidaridad interterritorial no ha de ser excusa para la financiación indefinida de proyectos o subvenciones de una parte del territorio a costa del resto.

 

F. Participación ciudadana

El nuevo sistema que La Sociedad Civil consiga ha de estar basado en eliminar todos los obstáculos para la participación del ciudadano en la vida política, a través de referendums y un sistema de Iniciativas Legislativas Populares que lo permita. Las competencias descentralizadoras del estado deberán desarrollarse lo más cerca posible del ciudadano, para garantizar el control de sus representantes, es decir, deberán desarrollarse a nivel de municipio.

 

G. Financiación de partidos, sindicatos y otras subvenciones con dinero público

La financiación con dinero publico de cualquier agrupación, causa o proyecto, debe considerarse como un atentado contra la libertad individual si no existe el previo, adecuado y suficiente consentimiento del origen de los fondos, que no es otro que el de La Sociedad Civil y los ciudadanos que la forman.